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Bruselas mantiene la vigilancia sobre Rumanía


La Comisión Europea ha hecho público ayer los datos que constatan el “suficiente progreso” que Bulgaria ha tenido en el último año en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado y los avances realizados para garantizar la independencia judicial cumpliendo los compromisos asumidos. Con ello los búlgaros minimizan el proceso de máxima vigilancia que la UE tiene sobre el Estado y evitan sanciones añadidas. Por el contrario en el caso de Rumania, Bruselas sigue denunciando "un deterioro" de la situación, al menos en los primeros seis meses del año.


Rumanía y Bulgaria están sometidas a una vigilancia estrecha por parte de la Comisión en el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación (MCV), creado en 2007 para supervisar sus progresos en la lucha contra la corrupción y la independencia judicial y, en el caso de Bulgaria, también contra el crimen organizado, ante la evidencia de que no cumplían los estándares cuando entraron en la UE.

"La Comisión considera que el progreso hecho por Bulgaria bajo el CVM es suficiente para cumplir los compromisos que hizo en el momento de su adhesión a la Unión Europea", ha informado en rueda de prensa en la Eurocámara en Estrasburgo el comisario de Interior, Dimitris Avramopoulos, al presentar los informes anuales para evaluar los progresos de ambos países en los últimos doce meses.


Avramopoulos ha aclarado que "antes de tomar una decisión final" sobre sacar a Bulgaria del mecanismo de supervisión específico tendrá "debidamente en cuenta" las "observaciones" de los Gobiernos europeos y el Parlamento Europeo y ha dejado claro que, en todo caso, "Bulgaria tendrá que seguir trabajando de forma consistente" para "traducir" sus "compromisos" en "legislación concreta y continuar con su aplicación".


Esto se seguirá examinando en el marco del nuevo mecanismo para vigilar el Estado de Derecho en todos los países de la UE que la nueva Comisión Europea quiere impulsar, un seguimiento, ha asegurado, contribuirá a "la irreversibilidad de las reformas" en Bulgaria.


Fuentes comunitarias anticipan que será ya la próxima Comisión encabezada por la presidenta electa, Ursula von der Leyen, la que tome la "decisión final" de cerrar la supervisión para Bulgaria.



Bruselas, que asegura que Bulgaria ha trabajado de forma "consistente" en 2017 y 2018 y ha hecho "más avances" este año para cumplir las 17 recomendaciones que le ha dirigido, valora el compromiso de Sofía de "introducir procedimientos" para garantizar la rendición de cuentas por parte del Fiscal General y salvaguardar la independencia judicial y de aplicar "plenamente" las recomendaciones de la Comisión de Venecia, así como mantener su cooperación con el Consejo de Europa para resolver las "deficiencias restantes" en su marco contra la corrupción y las investigaciones penales y para revocar las disposiciones de la Ley del Sistema Judicial que prevén la suspensión automática de magistrados objeto de una investigación penal, algo que declaró inconstitucional el Tribunal Constitucional búlgaro en febrero.


En su informe, también apunta a algunos retrasos en el nombramiento de jueces y fiscales desde noviembre de 2018 por la falta de consenso en el Consejo Judicial Supremo y pide que se lleven a cabo de forma "transparente" y con arreglo a los "méritos", incluido el próximo Fiscal General una vez acabe el mandato del actual, en enero de 2020 y admite que otro "importante desafío" que seguirá necesitando "atención" serán las investigaciones y la persecución de casos de corrupción de alto nivel.

“El nivel de corrupción en Rumanía sigue siendo preocupante”

En el caso de Rumanía, el Ejecutivo comunitario constata en su nuevo informe que "la evolución de la situación en los primeros meses del 2019 ha sido una fuente de gran preocupación" y ya avisó a Bucarest en mayo de que "si las mejoras no se hacían en breve o si daban más pasos negativos, la Comisión tendría que dar pasos bajo el marco sobre el Estado de Derecho".

Bruselas ya reclamó a Bucarest en su informe del año pasado que suspendiera su polémica reforma judicial y denunció la "regresión" en el país en materia de independencia judicial y de lucha contra la corrupción tras los avances de los años anteriores.

Fuentes comunitarias han reconocido que Bruselas descarta activar un expediente a la luz del artículo 7 del Tratado por riesgo sistémico para el Estado de Derecho, como ya se ha hecho en el caso de Polonia y Hungría y que, en caso extremo, podría llevar a la suspensión del voto de un país con una decisión unánime de los Gobiernos.

En su informe, la Comisión ha puesto en valor que el Gobierno socialdemócrata rumano, que acaba de caer en octubre tras una moción de censura de la oposición, expresó en junio su deseo de "cambiar" su enfoque y ha hecho esfuerzos de diálogo y consultación, pero ha avisado que el país debe hacer "progresos tangibles" y poner en marcha medidas legislativas y administrativas para cumplir sus recomendaciones, incluidas las ocho adicionales que le impuso en 2018 y que "esencialmente no han sido aplicadas", según fuentes comunitarias.


"Estas recomendaciones deben ser seguidas para volver a encarrillar el proceso de reformas y reanudar la senda hacia la conclusión del CVM", ha avisado Avramopoulos, que ha pedido "nuevo dinamismo" a Bucarest para cumplir sus recomendaciones y le ha trasladado de que Bruselas "está dispuesta a ayudar a las autoridades rumanas" para ello.

El Ejecutivo comunitario denuncia entre otros "un patrón de presión sobre instituciones anticorrupción clave, especialmente el Directorio Nacional Anticorrupción" desde finales de año y el Tribunal de Casación y admite "creciente preocupación" sobre su capacidad de llevar a cabo sus funciones y el impacto derivado "en la irreversibilidad en la lucha contra la corrupción". También admite preocupación por la independencia del Consejo Superior de Justicia y las propuestas legislativas que "debilitan" la capacidad de la Agencia Nacional de la Integridad para investigar casos de conflicto de intereses entre funcionarios.

IRPress | EP

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